La DGT quiere duplicar el coste de esta multa
La Dirección General de Tráfico (DGT), bajo la dirección de Pere Navarro, está ultimando una propuesta que busca reforzar la protección de las plazas reservadas para personas con discapacidad. El proyecto contempla la creación de una nueva infracción grave, sancionada con 500 euros, destinada a quienes utilicen indebidamente estos espacios sin la debida acreditación.
Hasta ahora, el Reglamento General de Circulación clasifica las infracciones como leves (100 euros) y graves (200 euros), reservando las sanciones más elevadas para conductas especialmente peligrosas, como manipular matrículas (6.000 euros) o conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas (de 500 a 1.000 euros). Sin embargo, la DGT considera que invadir una plaza adaptada sin justificación suficiente merece una respuesta más contundente.
Una medida “más justa”, según Tráfico
Fuentes cercanas a la DGT explican que la nueva sanción nace de una idea promovida por Pere Navarro, quien considera que estacionar en una plaza destinada a personas con movilidad reducida “no es una simple infracción de tráfico, sino una falta de respeto hacia quienes realmente las necesitan”.
La medida cuenta con el apoyo de asociaciones de conductores y colectivos de personas con discapacidad, que llevan años reclamando un castigo más ejemplar para este tipo de comportamientos. “Es una multa justa y necesaria”, señalan desde uno de estos colectivos, “porque quien ocupa una plaza adaptada indebidamente le roba la accesibilidad a quien depende de ella para vivir con autonomía”.
Uso indebido y falsos distintivos
La DGT también reforzará el control sobre el uso del distintivo azul, el documento que acredita el derecho a utilizar plazas reservadas. Navarro ha insistido en que no basta con que el vehículo lleve visible la tarjeta: la persona titular de la acreditación debe viajar en el vehículo en el momento del estacionamiento.
Por ejemplo, una madre que posee la tarjeta por su hijo con discapacidad solo puede aparcar en estas plazas si el menor está presente. En caso contrario, estaría cometiendo una infracción y podría ser sancionada.
Asimismo, el organismo prevé sancionar con especial severidad a quienes utilicen copias o tarjetas falsificadas, ya que este tipo de fraudes se han incrementado en los últimos años, sobre todo en grandes ciudades.
En fase de tramitación parlamentaria
La propuesta se encuentra en tramitación parlamentaria y, si recibe luz verde, se incorporará al Reglamento General de Circulación a lo largo de 2026. Su aprobación situará esta sanción en el mismo nivel económico que otras conductas de alto impacto en la convivencia vial, como el uso del móvil al volante.
Con esta medida, Tráfico pretende concienciar y disuadir, no solo castigar. En palabras de Navarro, la idea es “recordar que la movilidad también es una cuestión de empatía y civismo”.
En definitiva, la futura multa de 500 euros busca acabar con una práctica tan extendida como injusta, garantizando que las plazas reservadas sean utilizadas exclusivamente por quienes realmente las necesitan, y fortaleciendo el compromiso de la DGT con una movilidad más inclusiva y respetuosa.
