Si te multaron antes de esta fecha, ya no tienes que pagar la multa (ha caducado)
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha cerrado el año 2025 con una cifra llamativa: casi 400.000 euros en sanciones que han quedado sin efecto al haber caducado los expedientes administrativos correspondientes. En concreto, se trata de 395.140 euros en multas que ya no podrán ser reclamadas por la Administración.
La información procede de una resolución oficial de la propia DGT, a la que ha tenido acceso Servimedia, y confirma que los expedientes anulados corresponden a sanciones anteriores al 31 de diciembre de 2020 que no llegaron a tramitarse correctamente por la Agencia Tributaria.
Multas que nunca llegaron a cobrarse
Según el documento, las sanciones anuladas se dividen en dos grandes bloques. Por un lado, aquellas en las que no constaba un documento identificativo válido o su formato era incorrecto, lo que impidió iniciar el procedimiento de cobro. Este grupo concentra la mayor parte del importe, con 370.080 euros.
Por otro, figuran 25.060 euros correspondientes a multas cuyo plazo legal de cobro había prescrito. La Ley General Tributaria establece un periodo máximo de cuatro años para exigir el pago, y una vez superado, la deuda queda automáticamente extinguida.
En total, han quedado archivados 1.315 expedientes sancionadores, algunos iniciados incluso en 2010, tanto por defectos formales como por prescripción administrativa.
Una cifra inferior a otros años
Aunque el importe perdonado puede parecer elevado, lo cierto es que en comparación con ejercicios anteriores es notablemente inferior. En 2021, la cantidad de sanciones anuladas superó los 30 millones de euros, mientras que en 2022 ascendió a 106,7 millones. En 2023 fueron 1,1 millones, y en 2024 se situaron en torno a 12,6 millones de euros.
El descenso registrado en 2025 apunta a una mejora en los procedimientos de gestión y tramitación, aunque sigue dejando en evidencia que miles de expedientes acaban caducando sin llegar a cobrarse.
¿Por qué se pierden estas multas?
Entre los motivos más habituales se encuentran:
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Falta de identificación válida del infractor.
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Errores formales en la documentación.
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Multas impuestas a personas no residentes en España.
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Importes inferiores a 60 euros.
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Conductores fallecidos.
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Prescripción por superar los plazos legales de cobro.
Todos estos factores hacen que, legalmente, la Administración no pueda continuar con el procedimiento sancionador.
Un contexto marcado por cambios en tráfico
Este cierre de expedientes se produce en un momento de gran actividad normativa por parte de la DGT, con medidas como la implantación definitiva de la baliza V16, nuevos controles de tráfico y modificaciones en la gestión de sanciones y seguridad vial.
Aun así, estos casi 400.000 euros “perdonados” reflejan que el sistema sigue teniendo márgenes de mejora, especialmente en la tramitación administrativa y en la comunicación efectiva con los conductores sancionados.