Ya empiezan a desfilar las primeras multas por no llevar la baliza V16
La baliza V16 se ha convertido en uno de los elementos más polémicos de la regulación del tráfico en España. Desde el 1 de enero de 2026, este dispositivo sustituye de forma obligatoria a los tradicionales triángulos de emergencia, pero lejos de aportar consenso, ha abierto un debate cada vez más intenso entre conductores, expertos y juristas.
La baliza V16, en el centro de la polémica
La obligatoriedad de la baliza V16 conectada ha generado controversia por varios frentes. El primero, y quizá el más extendido, tiene que ver con la homologación. Durante años se comercializaron miles de balizas bajo el mensaje de estar “homologadas por la DGT”, pese a no contar con conectividad. Desde la entrada en vigor de la nueva normativa, esos dispositivos han quedado fuera de la ley, lo que ha provocado un fuerte malestar entre quienes sienten que han invertido dinero en un producto con una vida útil artificialmente limitada.
A esto se suma el debate sobre la privacidad. La baliza incorpora GPS y tarjeta SIM para enviar la ubicación a la plataforma DGT 3.0, lo que ha alimentado teorías sobre un posible rastreo de los conductores. Aunque la Dirección General de Tráfico insiste en que el sistema es anónimo y solo transmite datos cuando el usuario activa la baliza en una emergencia, recientes incidentes de seguridad —con ubicaciones reales visibles en mapas públicos— han incrementado la desconfianza. Algunos conductores también temen que la activación del dispositivo pueda facilitar robos o atracos, al hacer visible la posición de un vehículo detenido.
Dudas económicas y técnicas
Otro foco de crítica apunta a los intereses económicos detrás de la medida. Desde las subvenciones públicas recibidas por la empresa que patentó el concepto original, hasta los beneficios derivados de la obligatoriedad de un producto con conectividad incluida durante 12 años, muchos se preguntan si el objetivo es exclusivamente la seguridad vial o si existe también un componente recaudatorio, tanto para las empresas tecnológicas como para Hacienda vía IVA.
En el plano técnico, las críticas se centran en la duración de las baterías —en algunos modelos apenas media hora— y en la escasa visibilidad de la luz emitida, que numerosos expertos consideran inferior a la de los propios intermitentes de un vehículo, especialmente en condiciones adversas.
El anuncio del “periodo de gracia” y las primeras multas
Ante la confusión generada, el Gobierno aseguró que en un primer momento no se sancionaría a los conductores que no llevaran la baliza V16, limitándose a informar sobre la nueva obligación. Sin embargo, esa promesa empieza a resquebrajarse.
La consultora jurídica Pyramid Consulting ha confirmado que ya se ha impuesto la primera multa por no llevar este dispositivo. Se trata de una sanción de 80 euros, emitida por la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia, pese a los anuncios públicos sobre un supuesto periodo de flexibilidad.
⚠️ ALERTA: ¡ES UN PELIGRO REAL!
— HazteOir.org (@hazteoir) January 6, 2026
Hablemos sobre la baliza V16 impuesta por el Gobierno de Sánchez y la DGT:
1️⃣ NO SE VE a suficiente distancia, por lo que es un peligro para la seguridad vial.
2️⃣ Está conectada por GPS a la DGT, que muestra en un mapa la ubicación real de todas… pic.twitter.com/x6OfJeapDb
Desde la consultora advierten de que esta actuación genera una contradicción evidente entre el mensaje institucional y la práctica administrativa. A su juicio, se pone en cuestión el principio de confianza legítima, que exige previsibilidad, seguridad jurídica y buena fe en la actuación de la Administración.
Un conflicto que promete más capítulos
Pyramid Consulting ya ha adelantado que recurrirá esta sanción y anima a los conductores en situaciones similares a hacer lo mismo, al considerar que existen fundamentos jurídicos sólidos para impugnar estas multas. Mientras tanto, la baliza V16 sigue acumulando críticas y dudas, consolidándose como uno de los cambios normativos más controvertidos en materia de tráfico de los últimos años.
Lejos de cerrarse, el debate sobre su utilidad real, su coste y su aplicación práctica no ha hecho más que empezar.
