Lanzan una campaña de firmas para pedir el cese de Pere Navarro como director de la DGT
La polémica en torno a la gestión de la Dirección General de Tráfico (DGT) vuelve a encenderse. La cuenta desterrado_oficial ha lanzado públicamente una campaña para solicitar el cese inmediato del director general de Tráfico, Pere Navarro, a quien acusa de una gestión “agresiva” contra los conductores y de haber convertido el organismo en un “cortijo”.
El llamamiento se articula a través de una petición en Change.org, acompañada de un documento que recoge 14 puntos en los que se detallan las razones que, según sus impulsores, justificarían su salida.
Las acusaciones: recaudación, movilidad y gestión
En el vídeo difundido por la cuenta, se enumeran varias críticas dirigidas a la actual dirección de la DGT:
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Supuesta prioridad recaudatoria frente a la seguridad vial.
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Críticas a la implantación de la baliza V-16 conectada como sistema obligatorio futuro en sustitución de los triángulos.
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Reproche por decisiones como la reducción del límite de velocidad en determinadas vías.
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Acusaciones de “persecución” al colectivo de motoristas.
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Denuncia de una supuesta falta de control sobre el destino de parte de los fondos públicos gestionados por el organismo.
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Críticas a instrucciones internas que, según el denunciante, afectarían al tratamiento del estado de conservación de las carreteras.
Además, el impulsor de la campaña cuestiona el salario del director general, señalando que percibe 8.739 euros mensuales, y afirma que su retribución se habría incrementado en los últimos años.
La cuestión de la V-16 y la política de movilidad
Uno de los ejes centrales de la crítica es la baliza V-16 conectada, que será obligatoria a partir de 2026 como dispositivo de señalización en caso de avería o accidente. La DGT defiende esta medida como un avance en seguridad vial al evitar que el conductor tenga que salir del vehículo para colocar triángulos en la carretera.
Sin embargo, sectores críticos consideran que la medida ha generado controversia por los plazos de implantación y los requisitos técnicos exigidos.
En paralelo, también se cuestionan las políticas de reducción de velocidad y la orientación de la DGT hacia una movilidad más restrictiva con el vehículo privado, algo que la institución ha enmarcado en estrategias de seguridad vial y sostenibilidad.
Encuesta y elaboración de un informe técnico
La cuenta desterrado_oficial ha anunciado que, además de la recogida de firmas, elaborará un informe técnico desarrollando los 14 puntos mencionados, que será acompañado por los apoyos ciudadanos obtenidos.
También se prevé la realización de una encuesta para evaluar la percepción pública sobre la gestión del director de la DGT.
@desterrado_oficial EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO PERE NAVARRO DEBE SER CESADO. EN CONSECUENCIA FIRMA SU CESE URGENTE ANTE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO... 🙏✍ Firma tu petición: https://c.org/WGJ24WdHM4 @dgtoficial2025 #ministeriointerior #policia 👇👇👇💪 Esta obligación de “cese” de sus funciones de Pere Navarro Olivella, impuesta por la defensa del derecho de artículos como el 9, 17 y otros de la Constitución y cuyo sueldo es de 104.874,46 € anuales más dietas, 8.739 euros al mes más dietas, es la consecuencia de su gestión al frente de una DGT, errática e impune, con acciones ilegales y que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos, fuera de las reglas de la democracia. Entre otras muchas acciones que demuestran su incapacidad técnica y moral para el cargo tenemos: 1. No superar las auditorias de cuentas del ministerio de Hacienda con peligro al patrimonio de todos. 2. Ser el máximo responsable de la destrucción del margen de seguridad de 20 km/h en las maniobras de adelantamiento, con la justificación de parecernos a Europa, solo para lograr mayor incremento de ingresos en los radares de tramo. 3. Reducir la velocidad en carreteras de gran anchura (más de 9 metros) de 100 a 90 km/h equiparándolas a las de anchura de 4 metros, tan solo con la intención de lograr más denuncias e ingresos. 4. Promover la “no investigación” de accidentes de tráfico o la mala calidad de los mismos, muy lejos de la ciencia, para cargar de culpa a los ciudadanos y no para reducir las causas y consecuencias de los accidentes. 5. Incorporar la baliza V-16 a las obligaciones ciudadanas, cargada de errores de alto riesgo y jurídicos debido a su nefasta asesoría sobre el poder legislativo. 6. Mantener órdenes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de no denunciar las infracciones por el mal estado de las carreteras, tan solo informar. 7. Mantener programas de formación de los agentes con exclusión de la temática “carreteras y su estado” para evitar que se denuncien estos ilícitos o se hagan constar en atestados e investigaciones. 8. Ser el máximo responsable e impulsor del adoctrinamiento sobre la culpa sobre los conductores, como única causa de los accidentes de tráfico. 9. Esconder otras realidades en la inseguridad ciudadana y vial como el mal e ilegal estado de las carreteras. 10. Intentar reducir la siniestralidad creando miedo o prohibiendo el uso de vehículos. 11. Acosar desde hace años, a los ciudadanos motoristas, con más del triple de campañas anuales y especiales de seguimiento y control que al resto de los usuarios, pese a su demostrado fracaso en la reducción de la siniestralidad (Un mínimo de 48 días al año de acoso especial a los motociclistas). 12. De forma general. Actuar de forma imprudente en el asesoramiento del poder legislativo para promover cambios legales que perjudican a los ciudadanos. 13. Confundir que está en el poder “ejecutivo” y sintiéndose una parte importante del poder “legislativo” y actuar como tal en el uso de verbo y afirmaciones. 14. No entender la ausencia de competencias municipales y en las ciudades, impuesta por la ley, en lo relativo a accesos y usos en manos de alcaldes y ordenanzas municipales, intentando influir en los mismos para prohibir el uso de vehículos en estos entornos. Por todo lo anterior, en el ejercicio de la defensa de los ciudadanos por los ciudadanos y del derecho de petición protegido por el artículo 29 de la Constitución y la L.O. 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del mismo, solicitamos el cese en funciones inmediato del Director General de Tráfico por no respetar el estado de derecho, poner en peligro la seguridad de los ciudadanos y el erario público. Nota final: Esta campaña se complementa con un informe técnico general y otros informes técnicos específicos con el tratamiento de algunos puntos concretos y con una encuesta de percepción ciudadana de la gestión del Director General de Tráfico Pere Navarro al frente de la DGT. Dpto. SV de @imudemotociclista ♬ sonido original - 👉Desterrado✌
Un debate que trasciende a la DGT
Pere Navarro, que ocupa el cargo desde 2018 (y ya lo hizo anteriormente entre 2004 y 2012), ha impulsado medidas como el permiso por puntos en su primera etapa y diversas reformas orientadas a la reducción de la siniestralidad.
Mientras la DGT sostiene que sus políticas buscan reducir accidentes y víctimas mortales, la campaña abierta por desterrado_oficial refleja el malestar de una parte de la ciudadanía que considera que las decisiones del organismo afectan a la movilidad individual y tienen un enfoque excesivamente sancionador.
La petición en Change.org servirá ahora para medir el nivel de respaldo social a esta solicitud de cese. El debate sobre la gestión de la DGT y el equilibrio entre seguridad, movilidad y recaudación vuelve así al centro de la conversación pública.