La baliza V-16 es un "negociazo" para un puñado de empresas de 1.500 millones (y el Gobierno se lleva 300 millones en IVA)
A partir del 1 de enero de 2026, los triángulos de emergencia dejarán de ser válidos en España. En su lugar, todos los vehículos deberán llevar balizas V16 conectadas, un nuevo sistema impulsado por la Dirección General de Tráfico (DGT) con el que se pretende mejorar la seguridad vial y reducir los atropellos durante las averías o accidentes. Sin embargo, tras la medida, se esconde un negocio multimillonario que ha generado una gran polémica.
Una medida pensada para salvar vidas
El objetivo principal de la DGT es claro: evitar que los conductores tengan que salir del coche para señalizar una avería. Las nuevas balizas V16 se colocan sobre el techo del vehículo y emiten una luz intermitente visible a más de un kilómetro, alertando al resto de conductores de que hay un coche inmovilizado.
Pero la gran novedad está en la conectividad obligatoria. Todas las V16 deberán estar enlazadas a la plataforma DGT 3.0, enviando en tiempo real la geolocalización del vehículo para que los paneles luminosos de las carreteras y los coches conectados puedan advertir automáticamente del peligro. Esta conexión deberá mantenerse durante al menos 12 años y cumplir con estrictos requisitos de homologación.
Aun así, la DGT recuerda que esta tecnología no sustituye la obligación de contactar con los servicios de emergencia o con la aseguradora del vehículo en caso de accidente o avería.
Un mercado de más de 1.500 millones de euros
Detrás de la justificación de seguridad, hay una realidad económica difícil de ignorar. El precio medio de una baliza V16 conectada ronda los 50 euros, aunque ya existen modelos más baratos de fabricantes chinos por menos de 25 euros.
Con más de 30 millones de vehículos en circulación en España, el gasto colectivo superará los 1.500 millones de euros, a lo que se suma un impacto fiscal estimado de 300 millones de euros en IVA. En otras palabras, un negocio redondo para fabricantes, distribuidores y Hacienda.
Además, solo unas 30 empresas cuentan actualmente con productos homologados por la DGT, lo que limita la competencia. Por otro lado, grandes operadoras de telecomunicaciones como Vodafone, Telefónica o Masorange son las encargadas de ofrecer la conectividad permanente, integrándose en un ecosistema industrial altamente lucrativo.
La polémica: ¿seguridad o negocio encubierto?
El proyecto nació en 2013, pero su obligatoriedad se confirmó en 2021. Desde entonces, la medida ha estado envuelta en controversia. Muchos usuarios se preguntan si realmente era necesaria, especialmente cuando la mayoría de vehículos modernos ya incluyen el sistema e-Call (que avisa automáticamente en caso de accidente) y los teléfonos móviles ofrecen geolocalización precisa.
La polémica también crece porque España es el único país europeo donde las balizas V16 conectadas serán obligatorias. En el resto de Europa, los triángulos siguen siendo el estándar, por lo que si un conductor español viaja al extranjero, deberá llevarlos para evitar sanciones. De hecho, la Convención de Viena sobre Circulación Vial (1968) ampara que cada vehículo debe cumplir las normas del país donde está matriculado, pero conviene no deshacerse aún de los triángulos.
Entre la seguridad y el beneficio económico
La DGT defiende la medida con datos: entre 2018 y 2022, decenas de personas murieron atropelladas al salir del coche para colocar los triángulos. Sin embargo, muchos conductores y asociaciones critican que se trata de una imposición costosa, con dependencia tecnológica y beneficios concentrados en pocos actores.
En definitiva, las balizas V16 conectadas representan un avance en seguridad, pero también un nuevo negocio millonario donde fabricantes, operadoras y la propia Administración salen ganando. A partir de 2026, todos los vehículos españoles deberán adaptarse a esta nueva era de señalización, aunque la sensación general entre los conductores es que la seguridad también tiene un precio.
