El periodo "razonable" de la DGT para no multar por la baliza V16 fue de seis días
La Dirección General de Tráfico ha quedado atrapada en su propio mensaje. Apenas seis días después de la entrada en vigor de la obligatoriedad de la baliza V-16, han comenzado a imponerse las primeras sanciones, pese a que desde el Ministerio del Interior y la propia DGT se había trasladado públicamente que no habría multas durante un supuesto periodo de adaptación. La contradicción ya no es teórica: tiene forma de denuncia y una cuantía concreta sobre la mesa.
Según ha confirmado Pyramid Consulting, despacho especializado en la defensa jurídica frente a sanciones de tráfico, uno de sus clientes ha recibido una multa por no llevar instalada la señal luminosa V-16. La denuncia se impuso el 6 de enero de 2026, apenas seis días después de que la normativa entrara en vigor, y contempla una sanción de 80 euros, reducible a 40 euros si se aplica el pronto pago. El motivo que figura en el boletín es claro: “no llevar instalada en el vehículo la señal reglamentaria correspondiente V-16”.
Promesas de flexibilidad que no quedaron por escrito
La polémica no surge tanto por la existencia de la norma —que es clara desde el punto de vista legal— como por el discurso previo que la acompañó. Durante diciembre de 2025, tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, insistieron en que no se multaría de forma inmediata y que los agentes actuarían con “flexibilidad”. Se habló de un “periodo razonable” en el que primaría la información al conductor antes que la sanción.
El problema es que ese compromiso nunca se tradujo en una instrucción formal, una orden interna o una modificación normativa que dejara constancia de esa moratoria. La obligación de llevar la baliza V-16 conectada está plenamente vigente desde el 1 de enero de 2026, y en ausencia de directrices escritas, los agentes disponen de respaldo legal para sancionar.
La primera multa y la inseguridad jurídica
Desde Pyramid Consulting consideran que esta primera denuncia abre un frente jurídico relevante. El despacho ya ha anunciado que recurrirá la sanción basándose en el principio de seguridad jurídica, recogido en los artículos 9 y 103 de la Constitución Española. A su juicio, la Administración está obligada a actuar de forma previsible, coherente, transparente y ajustada a la buena fe.
El argumento central es que las declaraciones públicas del ministro del Interior, en las que se afirmaba que no se multaría durante un periodo razonable, generaron una expectativa legítima en los ciudadanos. Multar a los pocos días de la entrada en vigor de la norma, sin haber concretado plazos ni haber emitido una instrucción clara a los cuerpos de vigilancia, supone —según la consultora— una quiebra de esa confianza.
Agentes sin instrucciones claras
Otro de los elementos que agrava la situación es la posición en la que quedan los propios agentes de tráfico. Aunque el mensaje público de la DGT apuntaba a la flexibilidad, no existía ninguna orden interna que obligara a actuar de ese modo. En la práctica, la aplicación de la norma ha quedado al criterio del agente, generando un escenario desigual: algunos conductores son advertidos y otros sancionados por el mismo motivo.
Este desfase entre el discurso político y la actuación administrativa es el núcleo de la polémica. La norma es exigible, pero el relato institucional apuntaba en otra dirección. El resultado es una sensación de improvisación y un clima de desconfianza entre los conductores, especialmente en un contexto ya marcado por la controversia del precio, la homologación y la conectividad de las balizas V-16.
Un debate que no ha hecho más que empezar
La primera multa por no llevar la baliza V-16 confirma que el llamado “periodo de gracia” nunca existió más allá de las palabras. Ahora será la vía judicial la que determine si esas declaraciones tienen peso suficiente como para tumbar sanciones ya impuestas. Mientras tanto, la DGT afronta una situación incómoda: haber prometido flexibilidad y encontrarse, apenas seis días después, sancionando justo lo contrario.
La implantación de la baliza V-16, lejos de cerrarse con el inicio de 2026, entra así en una nueva fase de conflicto, esta vez no técnico ni económico, sino jurídico y de credibilidad institucional.
