Interior "mima" a la Policía Nacional comprando dos camiones "portavehículos" mientras la Guardia Civil tiene que ir a recoger "a pie" las motos
Hay decisiones administrativas que, por sí solas, quizá pasarían desapercibidas. Pero cambian por completo de significado cuando se colocan al lado de otra realidad mucho más áspera. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora con el Ministerio del Interior. Por un lado, la División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía ha sacado a licitación la adquisición de dos camiones portavehículos con un presupuesto base de 798.600 euros, en un expediente publicado en el BOE el 17 de abril de 2026. Por otro, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lleva semanas denunciando que agentes de la Agrupación de Tráfico están haciendo viajes de muchas horas en moto para recoger vehículos nuevos en Madrid tras quedar desierto un contrato de transporte específico.
La combinación de ambas cosas ha abierto una nueva grieta en el eterno malestar entre asociaciones de la Guardia Civil y el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. Porque el problema ya no es solo presupuestario. El problema es también simbólico: mientras la Policía Nacional dispone o dispondrá de medios logísticos propios para mover parte de su parque móvil, la AUGC sostiene que en la Guardia Civil se está tirando del personal operativo para cubrir un fallo administrativo convertido en parche permanente.
La licitación de los camiones está confirmada en el BOE
Aquí no hay discusión posible: la compra de los camiones existe y está publicada oficialmente. El anuncio del BOE-B-2026-11824 recoge la licitación de dos camiones portavehículos con destino a la Dirección General de la Policía, bajo el expediente Z25AU067/D2F. El presupuesto base asciende a 798.600 euros, IVA incluido, y el plazo de presentación de ofertas llega hasta el 11 de mayo de 2026.
La propia licitación explica que estos vehículos están destinados al traslado de vehículos policiales a distintas dependencias del territorio nacional “en función de la necesidad y operatividad necesaria”. Es decir, no se trata de una compra decorativa ni de una inversión lateral. Es una herramienta logística planteada para no tener que improvisar el movimiento de vehículos cada vez que haya que repartir unidades, reorganizar dotaciones o responder a situaciones operativas.
La otra cara: la denuncia de AUGC sobre las motos de Tráfico
Frente a esa imagen de estructura y previsión logística en la Policía, la AUGC lleva denunciando desde marzo una situación completamente distinta en la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Según se publicó citando a la asociación, el contrato para trasladar 269 motos nuevas a sus distintas unidades quedó desierto después de una licitación de 57.835 euros lanzada en diciembre de 2025, sin que se presentara ninguna empresa.
A partir de ahí, siempre según esa versión, Interior y la Dirección General de la Guardia Civil optaron por una salida de emergencia: que fueran los propios agentes quienes se desplazaran hasta Madrid para recoger las motocicletas y las condujeran de vuelta a sus destinos. AUGC sostiene que eso ha obligado a varios guardias civiles a realizar desplazamientos de ida y vuelta en la misma jornada, con recorridos de varias horas y una carga de servicio que, en algunos casos, rozaría las 14 horas en un solo día.
El caso de Castellón y Valencia, según la asociación
La información difundida por OKDIARIO y atribuida a la AUGC detalla algunos ejemplos concretos. Uno de ellos es el de diez agentes de Tráfico de Castellón, que el 23 de febrero habrían salido de madrugada hacia Madrid y regresado por la noche tras recoger las motos nuevas, en una jornada total que la asociación sitúa en torno a las 14 horas. También menciona el caso de cuatro agentes de Valencia, con una situación similar y con peticiones de hacer noche en Madrid que, siempre según esa versión, fueron rechazadas.
No he encontrado una confirmación oficial independiente de Interior sobre esos casos concretos, así que conviene mantener la atribución clara: son denuncias formuladas por AUGC y recogidas por OKDIARIO, no una versión reconocida públicamente por el ministerio. Pero el contraste con la compra oficial de los portavehículos para la Policía es precisamente lo que ha dado fuerza política y mediática al asunto.
La crítica de fondo: usar agentes como solución logística
Ese es el punto que más irrita a la asociación. No se trata solo de que haya trayectos largos, ni solo del cansancio, ni siquiera solo del coste humano de la jornada. La crítica central es que se estaría utilizando a guardias civiles de Tráfico para hacer un trabajo logístico que la propia Administración ya había reconocido que no podía cubrir con medios propios, razón por la cual había licitado previamente el contrato externo para transportar las motos. Esa contradicción es la que la AUGC y su responsable jurídico, Eugenio Nemiña, consideran más difícil de justificar.
Dicho de forma mucho más simple: si primero se admite que hace falta externalizar porque no hay capacidad interna, resulta muy difícil explicar después que la solución pase por sacar a agentes de sus funciones operativas para hacer de transportistas improvisados. Y más todavía cuando, al mismo tiempo, se pone en marcha una licitación de casi 800.000 euros para que la Policía tenga un sistema propio de reparto de vehículos.
La diferencia entre cuerpos vuelve a incendiarse
Aquí es donde la noticia deja de ser solo una anécdota logística y entra en un terreno mucho más profundo. Las asociaciones de la Guardia Civil llevan años denunciando una diferencia de trato respecto a la Policía Nacional en salarios, jornada, turnicidad, medios y reconocimiento profesional. En este caso, lo que ha hecho saltar la polémica es la imagen del doble rasero: una institución a la que se le dota de camiones para no comprometer personal operativo y otra en la que, según denuncian sus representantes, se tira precisamente de ese personal para cubrir una carencia estructural.
La AUGC enmarca el episodio dentro de lo que considera un nuevo ejemplo de “maltrato institucional” y de una Guardia Civil low cost, expresión que viene utilizando desde hace tiempo para describir la falta de recursos y la mayor carga de servicio que denuncia respecto a otros cuerpos.
El problema real no son solo los camiones, sino lo que simbolizan
Y ahí está la clave política del asunto. Nadie discute demasiado que la Policía Nacional pueda necesitar camiones portavehículos. De hecho, la licitación oficial lo justifica precisamente por razones de operatividad. Lo que enciende la crítica es el contexto en el que aparece esa compra. Porque, vista desde fuera, la imagen es demoledora: para unos, logística profesionalizada; para otros, soluciones de emergencia a base de kilometraje y disponibilidad del agente.
Es una de esas historias que dañan mucho más por lo que representan que por la cifra en sí. Los 798.600 euros no son solo un dato presupuestario. Son el espejo en el que la AUGC ha querido reflejar la diferencia de trato entre cuerpos. Y por eso el caso ha hecho tanto ruido.
Una polémica que no se va a cerrar pronto
De momento, la licitación para los dos camiones sigue abierta y el conflicto sobre las motos nuevas de la Guardia Civil sigue sin una respuesta pública que desactive el relato de la asociación. Mientras no la haya, la comparación va a seguir viva. Porque es demasiado visual, demasiado fácil de entender y demasiado incómoda para Interior.
Al final, el daño no está solo en si el ministerio compra o no compra dos portavehículos. El daño está en la pregunta que deja flotando: por qué para unos sí hay estructura logística y para otros, según denuncian sus representantes, sigue valiendo la moto y la jornada maratoniana. Y esa pregunta, por ahora, sigue sin una respuesta convincente.
