Se equivocan de terreno con la moto y el Seprona les casca una multa de 6.000 euros
Meterse con una moto de motocross por donde no toca puede dejar de ser una simple imprudencia para convertirse en un problema administrativo muy serio. Eso es lo que acaba de demostrar la última actuación del Servicio de Protección de la Naturaleza, el Seprona, de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, que ha identificado a conductores y responsables de varias empresas vinculadas a rutas con motos por zonas no autorizadas de Fuerteventura.
Según la información difundida por la Guardia Civil, las actividades investigadas se habrían desarrollado en áreas sometidas a restricciones y cierres preventivos temporales establecidos por la administración insular competente. El motivo no era menor: se trataba de espacios de alto valor ecológico en los que se buscaba proteger especialmente a las aves durante su periodo de reproducción.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión incómoda para el sector del ocio a motor: la diferencia entre disfrutar de una ruta off-road de forma legal y convertir una actividad turística en una amenaza para espacios naturales especialmente sensibles.
Zonas protegidas, aves y motos fuera de lugar
Entre los espacios afectados se encontraban áreas catalogadas como Zonas de Especial Protección para las Aves, conocidas como ZEPA, y Zonas Especiales de Conservación, las ZEC. Son figuras de protección ambiental que no existen por capricho administrativo, sino porque esos territorios tienen un valor ecológico concreto y necesitan límites de uso.
En un entorno como Fuerteventura, donde el paisaje volcánico, las zonas áridas y determinados hábitats abiertos forman parte esencial de la biodiversidad insular, el tránsito de vehículos a motor fuera de las rutas permitidas puede provocar daños mucho más importantes de lo que parece. El ruido, el polvo, la erosión, las rodadas y la presencia humana repetida pueden alterar zonas de cría, descanso o alimentación de especies protegidas.
Por eso, durante ciertos periodos, las administraciones pueden imponer cierres preventivos o restricciones temporales. No se trata solo de prohibir por prohibir. Se trata de evitar que una actividad recreativa o comercial interfiera en un momento crítico para la fauna.
El turismo de motor bajo vigilancia
La investigación comenzó después de que el Seprona tuviera conocimiento de la existencia de empresas dedicadas al llamado turismo de motor que presuntamente organizaban rutas por espacios no autorizados. Los agentes intensificaron las labores de vigilancia y control hasta lograr identificar a los responsables de las actividades investigadas.
El punto clave es que no se trataba únicamente de motoristas particulares que se hubieran metido en una zona restringida. Según la Guardia Civil, algunas empresas ofertaban paquetes turísticos que incluían alojamiento y rutas con vehículos a motor por espacios naturales protegidos.
Ese matiz agrava la lectura del caso. Una cosa es una infracción individual. Otra muy distinta es convertir una ruta no autorizada por zonas sensibles en parte de un producto turístico organizado, anunciado y vendido a clientes.
Sin documentación ni autorizaciones preceptivas
La Guardia Civil también señala que las empresas investigadas carecían de la documentación y de las autorizaciones necesarias para desarrollar actividades de ocio y turismo activo en Canarias. Este punto abre una segunda vía de posibles sanciones, más allá del daño o riesgo ambiental.
En Canarias, el turismo activo está regulado y exige cumplir requisitos concretos. Cuando una empresa ofrece rutas, alojamiento, vehículos y actividades guiadas, no basta con tener motos y clientes. Debe contar con permisos, seguros, documentación y autorización suficiente para operar dentro del marco legal.
La ausencia de esos requisitos puede convertir la actividad en una infracción turística, además de ambiental. Y ahí es donde las multas pueden dispararse.
Multas de 600 a 6.000 euros por la vía ambiental
Por los hechos investigados, se han formulado denuncias administrativas por presuntas infracciones de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Según la información difundida, estas infracciones podrían conllevar sanciones económicas comprendidas entre los 600 y los 6.000 euros. Es una horquilla relevante, pero no la más elevada del caso.
La cantidad final dependerá de la calificación de la infracción, del daño causado, de la zona afectada, de la reiteración, de si hubo ánimo de lucro y del resto de circunstancias que valore la administración competente durante el expediente.
La vía turística puede ser mucho más dura
La segunda pata del caso es la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. En este ámbito, las sanciones pueden ser notablemente más elevadas. Las infracciones leves pueden llegar hasta 1.500 euros, las graves se mueven entre 1.501 y 30.000 euros, y las muy graves pueden alcanzar entre 30.001 y 300.000 euros.
Por eso, el mayor riesgo económico para las empresas investigadas no estaría solo en haber transitado por espacios protegidos, sino en haber ofertado una actividad turística sin cumplir las obligaciones legales necesarias.
La diferencia es enorme. Para un particular, una sanción de varios cientos o miles de euros ya puede ser un golpe importante. Para una empresa que comercializa actividades, la posible infracción turística puede convertirse en un problema de supervivencia.
La moto de campo no es el problema: el problema es dónde y cómo se usa
Este caso no debería leerse como un ataque general contra las motos de campo. El motocross, el enduro y las rutas off-road tienen aficionados, clubes, empresas legales y espacios donde pueden practicarse con respeto a la normativa.
El conflicto aparece cuando se cruza la línea entre la afición y la ocupación de espacios donde no está permitido circular. Una moto de campo usada en un entorno autorizado no tiene nada que ver con una ruta organizada dentro de áreas protegidas, cerradas temporalmente o sensibles para la reproducción de aves.
La clave está en la legalidad, la planificación y el respeto al territorio. En islas con ecosistemas frágiles, cada rodada fuera de pista puede dejar una marca que tarda mucho en desaparecer.
Un aviso para empresas y motoristas
La actuación del Seprona en Fuerteventura deja un mensaje claro para empresas de aventura, guías, organizadores de rutas y usuarios particulares: antes de entrar en una zona natural con vehículos a motor, hay que saber si está permitido, si existe restricción temporal y si la actividad requiere autorización.
El argumento de “no lo sabía” cada vez tiene menos recorrido. Las zonas protegidas cuentan con normativa, los cierres temporales se comunican por las administraciones y las empresas que operan en turismo activo tienen la obligación de conocer el terreno legal en el que trabajan.
Para los clientes, también hay una advertencia. Contratar una ruta no garantiza que esa ruta sea legal. Antes de pagar por una excursión en moto, conviene comprobar si la empresa está registrada, si ofrece seguros, si informa de permisos y si las zonas por las que circula están autorizadas.
Fuerteventura, entre el atractivo turístico y la protección ambiental
Fuerteventura vive precisamente de un equilibrio delicado. Su paisaje es una parte esencial de su atractivo turístico, pero también es un territorio vulnerable. Convertir espacios naturales en escenarios de ocio motorizado sin control puede dañar justo aquello que hace especial a la isla.
El caso investigado por el Seprona recuerda que el turismo no puede funcionar al margen del territorio. Y menos aún cuando se trata de espacios ZEPA, ZEC o zonas sometidas a restricciones para proteger especies durante una fase tan sensible como la reproducción.
La moto puede ser aventura, libertad y disfrute. Pero en determinados lugares, también puede ser ruido, presión y daño ecológico. Y cuando eso ocurre en zonas protegidas, la factura puede ser muy elevada.
