La Guardia Civil se gastó un pastón en motos eléctricas de enduro y ahora se quejan de que no las usan
Hace ya varios años que Bruselas puso en marcha los fondos Next Generation, una histórica inyección económica destinada a transformar las economías de los Estados miembros hacia modelos más sostenibles. Entre las prioridades: descarbonizar la industria y electrificar la movilidad pública. Con ese objetivo, los países recibieron miles de millones de euros, condicionados a un único requisito: los vehículos adquiridos con estos fondos debían ser eléctricos o híbridos enchufables.
Sobre el papel, la iniciativa prometía modernizar la flota pública mientras se combatía el cambio climático. Pero en la práctica, la realidad del día a día ha desmontado muchas de esas ilusiones, especialmente entre los cuerpos de seguridad del Estado.
Un regalo que se ha convertido en carga
Uno de los casos más paradigmáticos es el del SEPRONA, la unidad de la Guardia Civil encargada de la protección de la naturaleza. Hace más de dos años, recibieron cerca de 160 motos eléctricas de la marca Zero, financiadas con los fondos europeos. La intención era clara: renovar las unidades de patrulla y hacerlas más sostenibles. Pero lo que debía ser un paso hacia el futuro se ha convertido, según muchos agentes, en un problema diario que obstaculiza su trabajo.
Autonomía insuficiente y recargas eternas
Las motos en cuestión prometen, sobre el papel, una autonomía de hasta 150 km, pero en la práctica esa cifra cae en picado. En condiciones reales —campo abierto, caminos de tierra, temperaturas extremas— la autonomía apenas permite patrullas de 3 o 4 horas. Después, los agentes se ven obligados a regresar al cuartel… y esperar unas siete horas para recargar completamente la batería.
En palabras de los propios agentes, es frustrante: “Nos pasamos más tiempo esperando a que cargue que patrullando.”
Un problema global: policías sin batería
El caso de la Guardia Civil no es aislado. En otros países, agentes de policía también han alzado la voz tras recibir patrullas eléctricas que no se adaptan a las necesidades reales del servicio. Uno de los mayores temores es el de enfrentarse a una emergencia o una persecución y ver cómo el vehículo se queda sin energía en el peor momento.
JUCIL ya lo advirtió
La asociación JUCIL, defensora de los derechos de la Guardia Civil, ya denunció en su momento que las motos eléctricas eran un lastre operativo. Según sus portavoces, la incorporación de este tipo de vehículos se hizo sin consultar a los usuarios finales y sin tener en cuenta las peculiaridades del servicio en zonas rurales o agrestes. “No cumplen con nuestras necesidades. Nos limitan. Son un foco constante de problemas.”
¿Electrificación sin estrategia?
La situación pone sobre la mesa una tensión creciente entre sostenibilidad y funcionalidad. Nadie discute la necesidad de reducir emisiones y avanzar hacia una movilidad más limpia. Pero lo cierto es que imponer soluciones sin atender a las realidades del terreno puede acabar siendo contraproducente.
La electrificación de las flotas públicas debe llegar, pero no de cualquier manera. Y para cuerpos como la Guardia Civil, donde la movilidad, la autonomía y la fiabilidad son críticas, la tecnología aún no parece estar a la altura de la misión.
