Esta es la multa más típica que te pueden clavar si haces enduro en cualquier parte de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha convertido la práctica del enduro y el uso recreativo de motos de campo en una actividad casi imposible de realizar legalmente, bajo la amenaza de un régimen sancionador desproporcionado y con una normativa que equipara a los moteros con delincuentes ambientales, sin distinguir usos responsables de conductas realmente dañinas.
Prohibido circular… en casi todas partes
Según las “Buenas Prácticas en el Medio Natural” publicadas por la propia Comunidad de Madrid, la circulación de vehículos a motor fuera de zonas habilitadas está prohibida, incluso en caminos forestales que no pertenezcan a la red general de carreteras. Esto incluye motos de enduro, quads y otros vehículos que, aunque estén matriculados y homologados, se consideran automáticamente sancionables si no están siendo usados para labores agrícolas, de vigilancia o gestión del territorio.
El castigo económico: multas que asustan
La normativa madrileña prevé un sistema de sanciones escalonado, pero con importes que rozan el absurdo para la mayoría de los ciudadanos que simplemente quieren disfrutar del deporte de forma responsable:
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Infracción leve: entre 100 y 1.000 euros si los daños al monte son menores de 10.000 € o se restauran en menos de seis meses.
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Infracción grave: de 1.001 a 100.000 euros si los daños superan los 10.000 € o la recuperación dura más de seis meses.
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Infracción muy grave: hasta 1.000.000 de euros si los daños alcanzan el millón o requieren más de diez años para restaurarse.
Estas cifras, completamente desproporcionadas, no tienen en cuenta ni la intención ni el impacto real de cada caso. En muchos supuestos, no se produce ningún daño físico al entorno, pero aun así se imponen sanciones severas solo por el hecho de circular fuera de los límites definidos.
Enduro: deporte perseguido sin alternativa
La mayor contradicción es que la administración no ofrece espacios regulados ni legales donde practicar enduro o trail off-road, a pesar de la alta demanda de estos deportes en la región. Madrid es una de las pocas comunidades autónomas que carece de circuitos públicos habilitados o zonas controladas para este tipo de actividades.
Mientras tanto, se criminaliza a los practicantes sin ofrecerles otra opción, obligándolos a desplazarse a otras comunidades o incluso a dejar el deporte.
¿Normas medioambientales o prohibicionismo encubierto?
Es evidente que se debe proteger el medio natural, pero también resulta cuestionable que se aplique una política de tolerancia cero a ciudadanos que, en muchos casos, respetan los caminos, no generan residuos y circulan con motos homologadas y aseguradas. Esta postura, además, obvia por completo el potencial educativo y turístico del enduro bien gestionado.
Urge una regulación realista y con alternativas
Lo que necesita la Comunidad de Madrid no es perseguir con sanciones millonarias a quienes disfrutan de una moto en el campo, sino ofrecer espacios regulados, circuitos legales y campañas de concienciación. El enfoque actual ahuyenta al colectivo motero, convierte a los practicantes en sancionables por defecto, y deja al deporte sin futuro en la región.