Pide 300 euros para arreglar su moto y terminan reclamándole 1.700: un juez anula los intereses y solo tendrá que devolver el préstamo
Una avería en una motocicleta puede convertirse en un problema económico importante, especialmente cuando llega en el peor momento. Eso fue precisamente lo que ocurrió a un joven que necesitaba 300 euros para reparar su moto y decidió recurrir a uno de esos préstamos rápidos que prometen conseguir pequeñas cantidades de dinero prácticamente de forma inmediata.
Lo que probablemente no esperaba era que aquellos 300 euros acabasen dando lugar a una reclamación que alcanzaba los 1.700 euros.
El asunto terminó en los tribunales y el resultado fue muy diferente al que pretendía la empresa que había adquirido el crédito.
El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Cádiz estimó parcialmente la reclamación contra el consumidor, pero declaró la nulidad de intereses y de determinadas cláusulas del contrato. El joven deberá devolver únicamente los 300 euros que recibió originalmente.
Pidió el dinero en 2022 para arreglar su moto
El origen del caso se remonta a noviembre de 2022.
El joven suscribió un préstamo personal con ID Finance Spain SAU por un capital de 300 euros, según la información de la sentencia publicada por Economist & Jurist.
Posteriormente, el crédito fue adquirido por Osmar Capital SL, que acudió a los tribunales reclamando al consumidor 945 euros en concepto de saldo deudor, además de los intereses de demora correspondientes.
Con esos conceptos, la cantidad total reclamada terminaba situándose alrededor de los 1.700 euros.
La diferencia resulta especialmente llamativa: por un préstamo inicial de 300 euros, la reclamación llegó a representar más de cinco veces el dinero originalmente recibido.
Un interés del 1,30% diario
Al analizar el contrato, la defensa del consumidor cuestionó tanto los intereses como la transparencia de determinadas condiciones.
Y una de las cifras que aparece en la resolución ayuda a entender por qué.
Según recoge la sentencia, el contrato contemplaba un interés de demora del 1,30% diario sobre el principal, con un máximo de 150 días.
Eso equivale, según calculó el propio juzgado, a un 39% mensual.
El magistrado consideró ese interés “notoriamente desproporcionado”, especialmente teniendo en cuenta que el contrato indicaba inicialmente una TAE del 0%.
El resultado fue que esos intereses quedaron fuera de la operación y el préstamo terminó reducido, a efectos de devolución, a su elemento más sencillo: los 300 euros que realmente había recibido el consumidor.
Pero la defensa encontró algo más en la letra pequeña
La historia podría haber terminado ahí.
El fondo reclamaba dinero, el juez eliminaba los intereses cuestionados y el joven devolvía los 300 euros.
Sin embargo, su abogado decidió revisar con mayor profundidad las condiciones del préstamo y planteó una demanda reconvencional, es decir, el demandado pasó a reclamar judicialmente contra quien inicialmente le había demandado.
En el contrato aparecían otras dos cláusulas que fueron cuestionadas.
Una de ellas establecía una comisión de apertura del 3% y otra contemplaba una comisión de 60 euros por cada recibo impagado.
El juzgado terminó declarando nulas las cláusulas objeto de la reconvención.
No basta con cobrar 60 euros automáticamente porque haya un impago
El razonamiento sobre la comisión por reclamación de posiciones deudoras resulta especialmente interesante para cualquier consumidor que tenga un préstamo.
La normativa permite que las entidades establezcan determinadas comisiones, pero estas deben responder a servicios realmente prestados o gastos efectivamente soportados.
En este caso concreto, el magistrado señaló que la parte demandante no había acreditado haber realizado ninguna gestión de recobro que justificara el cobro de aquellas cantidades.
Según recoge la resolución, no se presentó documentación que demostrase requerimientos o gestiones concretas correspondientes a los impagos por los que pretendían aplicarse esas comisiones.
Es decir, la comisión no podía convertirse simplemente en una especie de penalización automática de 60 euros cada vez que se devolvía un recibo sin demostrar qué servicio o gasto la justificaba.
El fondo recuperará 300 euros, pero tendrá que pagar las costas
Y aquí aparece la parte más llamativa del caso.
El joven no queda liberado de devolver el dinero prestado. El juzgado estima parcialmente la demanda del fondo y establece que debe reintegrar los 300 euros de capital.
Pero al mismo tiempo se estima la demanda reconvencional presentada por el consumidor y se condena a la parte vencida a pagar las costas procesales correspondientes a esa reconvención.
Según explicó a Economist & Jurist el abogado del consumidor, José Luis Ortiz Miranda, esas costas podrían rondar los 3.000 euros entre abogado y procurador.
Por tanto, según los cálculos de la defensa, el fondo recuperaría los 300 euros prestados, pero tendría que afrontar una cantidad considerablemente superior en costas.
La paradoja es evidente: la batalla judicial por recuperar un préstamo de 300 euros podría terminar costándole al reclamante bastante más dinero del que conseguirá recuperar.
Una sentencia firme
La sentencia 210/2024 fue dictada el 20 de septiembre de 2024 por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Cádiz y, según la información publicada sobre el procedimiento, adquirió firmeza.
El caso resulta especialmente interesante en un momento en el que los microcréditos y préstamos exprés se presentan muchas veces como una solución rápida para pequeños imprevistos: una avería, una reparación urgente o una factura inesperada.
Porque conseguir 300 euros en cuestión de minutos puede parecer una salida sencilla cuando una moto se rompe y necesitamos volver a utilizarla.
El problema llega cuando empiezan a sumarse intereses de demora, penalizaciones y comisiones.
En este caso concreto, la Justicia terminó poniendo un límite muy claro: de los aproximadamente 1.700 euros reclamados, el consumidor acabará teniendo que devolver los mismos 300 euros que pidió originalmente para conseguir reparar su moto.
