A los patinetes eléctricos se les acaba el chollo el 31 de enero, pero Pere Navarro no se mete con las bicis
La Dirección General de Tráfico (DGT) ultima la entrada en vigor de una nueva normativa sobre patinetes eléctricos, que comenzará a aplicarse a partir del 26 de enero de 2026 y que introduce nuevas obligaciones para determinados Vehículos de Movilidad Personal (VMP). El objetivo declarado es reforzar la seguridad vial y poner orden en un ámbito que ha generado un aumento de conflictos en el espacio urbano.
Estas medidas llegan en un contexto de mayor presión sobre los usuarios de patinetes, con campañas de control intensificadas en varias ciudades. Un ejemplo reciente es Badalona, donde en solo una semana se han impuesto 117 multas por uso indebido de estos vehículos.
Qué patinetes deberán tener seguro obligatorio
Uno de los cambios más relevantes afecta al seguro obligatorio. A partir del 26 de enero, deberán contar con una póliza aquellos VMP que superen los 25 kilos de peso y que puedan alcanzar una velocidad máxima superior a 14 km/h.
Esta exigencia se recoge en la Ley 5/2025, que finaliza ahora su período transitorio. Hasta la fecha, estos vehículos no estaban obligados a disponer de seguro. La cobertura será gestionada a través del Consorcio de Compensación de Seguros y actuará como garantía en caso de accidente con terceros, aunque no cubrirá los daños materiales del propio vehículo.
Por el contrario, los patinetes eléctricos que no superen esos límites de peso y velocidad quedarán exentos de esta obligación, al menos por el momento.
Multas de hasta 1.000 euros
El régimen sancionador asociado a esta nueva normativa es especialmente severo. Las sanciones previstas para quienes incumplan la legislación oscilarán entre 200 y 1.000 euros, en función de la infracción cometida.
La DGT deja claro que el objetivo no es recaudatorio, sino disuasorio, y que se actuará con contundencia ante comportamientos que pongan en riesgo a peatones, conductores y a los propios usuarios de patinetes.
Obligatoria también la baliza V16
Otra de las novedades más controvertidas es la obligación de llevar la baliza V16, el mismo dispositivo luminoso que ya se exige al resto de vehículos. La medida se aplicará pese a las críticas acumuladas desde distintos sectores, que cuestionan su utilidad real en vehículos tan pequeños como los patinetes.
La DGT mantiene su criterio de unificar la señalización de emergencias, independientemente del tipo de vehículo, con el objetivo de mejorar la visibilidad en caso de avería o accidente.
No habrá matrícula para los patinetes… de momento
Finalmente, la DGT ha descartado implantar, por ahora, la matriculación obligatoria de los patinetes eléctricos. Aunque el desarrollo técnico del sistema de registro ya estaría finalizado, Tráfico reconoce que todavía no existe un marco jurídico completo que permita aplicarlo con garantías.
Según ha explicado el organismo, se está tramitando un Real Decreto que dará cobertura legal a la inscripción de todas las categorías de VMP, pero hasta que no esté aprobado, la medida queda en suspenso.
Certificado obligatorio según la fecha de compra
Otro aspecto clave es el certificado de circulación. Los usuarios que hayan adquirido su patinete antes del 21 de enero de 2024 podrán seguir utilizándolo sin certificado hasta 2027. Sin embargo, aquellos que lo hayan comprado después de esa fecha estarán obligados a contar con dicho certificado para circular legalmente.
Este documento acredita que el vehículo cumple con las características técnicas exigidas para ser considerado un VMP legal.
No todos los patinetes son VMP
La DGT recuerda que no todos los vehículos vendidos como patinetes eléctricos cumplen realmente los requisitos para ser considerados VMP. Por ello, anima a los propietarios a revisar las especificaciones técnicas de su vehículo, ya que circular con un modelo que no se ajuste a la normativa puede suponer una infracción grave.
Con la entrada en vigor de estas medidas, la DGT refuerza su mensaje: el uso del patinete eléctrico deja de ser un terreno ambiguo y pasa a estar sujeto a mayores exigencias legales, con consecuencias económicas importantes para quienes no se adapten a tiempo.
