Empieza a estallar el "caso baliza" y ya la DGT tiene que explicar en el Congreso sus "adjudicaciones" a empresas china fantasma
El debate sobre la baliza V16, obligatoria en España desde enero de 2026, ha dado un nuevo giro político. El Grupo Parlamentario Popular ha llevado el asunto al Congreso de los Diputados, exigiendo explicaciones al Gobierno por el proceso de homologación seguido por la Dirección General de Tráfico y, en concreto, por la autorización concedida a decenas de dispositivos vinculados a una red empresarial de origen chino que, según distintas informaciones periodísticas, estaría bajo sospecha en varios países por presuntas actividades de blanqueo de capitales.
Según los populares, el Ejecutivo debe aclarar por qué se permitió la homologación de cien modelos de balizas V16 relacionados con una estructura societaria que habría creado miles de empresas instrumentales. A su juicio, esta situación ha contribuido a generar confusión, inseguridad jurídica y desconfianza entre los conductores, que adquirieron los dispositivos confiando en los listados oficiales de la DGT.
Preguntas al Gobierno y petición de comparecencia
Además de registrar una batería de preguntas parlamentarias, el PP ha solicitado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explique el procedimiento seguido y las garantías aplicadas durante la homologación. El foco de las preguntas se centra en si el Gobierno tuvo conocimiento previo de la situación de la empresa matriz vinculada a estos dispositivos y, de ser así, cómo valora que una compañía bajo sospecha haya podido comercializar productos relacionados con la seguridad vial.
Los populares también preguntan qué medidas concretas piensa adoptar el Ejecutivo para esclarecer los hechos y si se va a revisar el proceso de homologación o la validez futura de las balizas ya vendidas.
El papel de Correos y las garantías exigidas
Otro de los puntos sensibles del debate afecta a Correos, que ha comercializado balizas V16 conectadas. El PP reclama saber qué empresas fabricaron o suministraron estos dispositivos, bajo qué figura jurídica se articuló la relación comercial y si se evaluó previamente su solvencia económica y técnica.
Asimismo, se pregunta qué garantías contractuales se exigieron para asegurar la conectividad, el mantenimiento y la operatividad de las balizas durante todo su periodo legal de uso, especialmente teniendo en cuenta que se trata de un elemento que será obligatorio para millones de conductores.
Retirada de dispositivos y desconcierto entre los conductores
La polémica se ha intensificado tras la retirada repentina de varios modelos del listado oficial de balizas V16, pese a haber sido previamente homologados. Para el PP, esta decisión ha afectado a miles de ciudadanos que compraron los dispositivos basándose en información oficial y que ahora desconocen si seguirán siendo válidos cuando su uso sea exigible.
En este contexto, los populares cuestionan por qué no se ha previsto ningún mecanismo de compensación, protección o periodo transitorio, y qué responsabilidad asume el Gobierno por la inseguridad jurídica generada.
Una cuestión de confianza y seguridad vial
Más allá del enfrentamiento político, el caso ha reabierto el debate sobre la planificación y transparencia en la implantación de la baliza V16. El PP plantea si la gestión realizada por la DGT es compatible con una política de seguridad vial rigurosa o si, por el contrario, se han cometido errores que pueden comprometer la confianza ciudadana en una medida concebida para mejorar la protección de los usuarios de la carretera.
Mientras el Gobierno prepara sus respuestas, la controversia sobre la V16 sigue creciendo y amenaza con convertirse en uno de los asuntos más incómodos en el arranque político de 2026.
