La DGT persigue el "método gallego" para evitar controles, pero las motos no pueden usarlo
La DGT ha puesto el foco en una práctica cada vez más extendida en carretera y que, según Tráfico, está dificultando de forma directa la labor de la Guardia Civil y de otros cuerpos policiales: compartir en tiempo real la ubicación de controles y radares móviles en grupos de WhatsApp o Telegram. El fenómeno, conocido popularmente como “método gallego”, nació con fuerza durante la pandemia y hoy se ha extendido por toda España, hasta el punto de que la propia DGT ha lanzado un aviso claro antes de los grandes desplazamientos de Semana Santa.
La lógica de estos grupos es simple. Un conductor pasa por un control, lo comunica al resto y, a partir de ese momento, otros usuarios modifican su ruta o levantan el pie del acelerador solo en ese tramo. El problema, según Tráfico, no es solo que se “esquiven” radares: también se avisa de controles de alcohol y drogas, lo que puede permitir que sigan circulando conductores que suponen un peligro real para los demás. La DGT resume su postura con una idea muy clara: quien manda estos avisos no sabe realmente a quién está ayudando.
Una práctica que estalló en Galicia y ya es nacional
La DGT sitúa el origen visible de este fenómeno en Galicia, donde durante los años de pandemia proliferaron grupos para informar de la presencia de controles policiales. Según el relato oficial, los agentes llegaron a comprobar que pocos minutos después de desplegar un control dejaban de pasar vehículos por ese punto, señal de que la información se estaba difundiendo casi al instante. Desde entonces, el sistema ha ido ganando tamaño, dinamismo y usuarios.
La propia Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Galicia ha explicado que estos canales han evolucionado hasta convertirse en una red muy activa que “radiografía” en tiempo real los movimientos de las patrullas. En una comunidad con una red viaria muy fragmentada y llena de cruces, ese aviso previo puede hacer especialmente fácil evitar un control. Pero la Guardia Civil insiste en que ya no es un problema local: es un fenómeno extendido por toda España.
La base legal: la DGT ya apela a la Ley de Seguridad Ciudadana
La cobertura legal que la DGT y la Guardia Civil están utilizando para perseguir esta práctica se apoya en el artículo 36.23 de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, que tipifica como infracción grave el uso no autorizado de imágenes o datos profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando pueda ponerse en peligro su seguridad, la de instalaciones protegidas o el éxito de una operación. Las infracciones graves de esta ley se sancionan con multas de 601 a 30.000 euros.
La propia DGT confirmó en 2024 que ya se estaban tramitando algunas denuncias apoyándose en ese artículo, precisamente por el perjuicio que estos avisos pueden causar a operaciones de control en carretera. Tráfico insiste en que no se trata de una simple “colaboración ciudadana”, sino de una conducta que puede frustrar controles destinados a retirar de la circulación a conductores ebrios, drogados o que circulan a velocidades excesivas.
No es lo mismo un radar fijo que un radar móvil
Aquí aparece una diferencia importante. La DGT publica de forma oficial la localización de los radares fijos y también difunde información sobre tramos donde puede haber vigilancia móvil, pero no facilita las coordenadas exactas de cada dispositivo móvil en tiempo real. De hecho, en su web mantiene documentos y mapas con los puntos de control fijos y los tramos de vigilancia de velocidad.
La diferencia, para Tráfico, está en el detalle y en la inmediatez. Informar de que una determinada carretera está sujeta a vigilancia no es lo mismo que mandar un mensaje en un grupo diciendo en qué kilómetro exacto está la patrulla y hacia dónde se mueve. Y ahí es donde, según la DGT, el “método gallego” deja de ser una práctica inofensiva y pasa a convertirse en un obstáculo directo para el control policial.
La respuesta de la Guardia Civil: controles exprés e infiltración en grupos
Para intentar frenar esta práctica, la Guardia Civil ha ido adaptando su estrategia. Una de las respuestas son los llamados controles exprés, dispositivos que duran muy poco tiempo y cambian de ubicación con rapidez para dificultar que puedan ser difundidos y evitados. A eso se añade otra medida mucho más llamativa: la presencia de agentes en grupos de mensajería para identificar a administradores y participantes que difunden estos avisos. Esta línea de actuación ya ha sido explicada por la propia DGT en su revista y en sus comunicaciones oficiales.
El objetivo no es solo perseguir al que administra un gran canal con miles de usuarios. También se busca cortar la sensación de impunidad que rodea a estos grupos, donde muchos participantes actúan como si avisar de un control fuera una simple ayuda entre conductores, sin consecuencias legales ni impacto real sobre la seguridad vial.
El fondo del debate: no se trata solo de multas
La DGT insiste en que el problema no es económico ni recaudatorio. Su mensaje es que estos controles “recaudan vidas”, no dinero, porque están diseñados para detectar conductas que elevan de forma directa el riesgo de accidente grave. En este sentido, Tráfico recuerda que incluso con tasas no muy elevadas de alcohol el riesgo de sufrir un siniestro aumenta claramente, y que avisar de un control puede facilitar que un conductor que no debería seguir circulando lo haga durante más kilómetros.
Ese es el punto que Tráfico intenta subrayar: compartir la ubicación de un radar fijo no tiene el mismo efecto que alertar en tiempo real de un control de alcoholemia o drogas. El primero puede hacer que un conductor frene; el segundo puede dejar libre el paso a alguien que representa un peligro para todos los demás. Y por eso la DGT ha endurecido tanto su discurso sobre este fenómeno.
Un fenómeno que crece justo cuando la vigilancia aumenta
La advertencia llega además en un momento en el que la DGT ha reforzado su red de control de velocidad. En 2025 y 2026 ha seguido activando nuevos radares en varias comunidades y mantiene publicada la ubicación de muchos de esos puntos de control en sus canales oficiales. Eso significa que, al mismo tiempo que Tráfico amplía su capacidad de vigilancia, también crecen las comunidades que intentan neutralizarla con avisos en redes y mensajería.
La conclusión de la DGT es clara: el llamado “método gallego” ya no se ve como una simple costumbre entre conductores, sino como una práctica que puede entorpecer operaciones de control y acabar teniendo consecuencias legales serias. En un escenario de millones de desplazamientos, especialmente en vacaciones, el organismo quiere dejar un mensaje inequívoco: avisar de un control no siempre es un gesto inocente, y en algunos casos puede salir mucho más caro de lo que muchos creen.
