Vox pide frenar la obligatoriedad de la baliza V16: “No tiene justificación técnica y supone un gasto para millones de familias”
La polémica en torno a la baliza V16 ha llegado al Congreso. El Grupo Parlamentario Vox ha presentado una proposición no de ley para suspender la obligatoriedad de este dispositivo, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2026. La formación sostiene que la medida es precipitada, técnicamente cuestionable y económicamente perjudicial para la ciudadanía.
Su portavoz, Pepa Millán, lo expresó con contundencia al anunciar la iniciativa:
“Esta baliza que pretende imponer el Gobierno presenta limitaciones relevantes de eficacia, que no han sido acreditadas en estudios independientes ni en condiciones reales de tráfico”.
Para Vox, la implantación de la V16 conectada —que sustituirá a los triángulos de emergencia— es una “imposición” que recae únicamente sobre los vehículos matriculados en España y que obligará a millones de conductores a realizar un gasto adicional sin que exista, a su juicio, un respaldo técnico sólido.
Exigen estudios independientes sobre su eficacia
La propuesta registrada solicita que la obligatoriedad quede en suspenso hasta que se publiquen estudios forenses y técnicos independientes, capaces de demostrar que la baliza es realmente eficaz en:
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situaciones de baja visibilidad,
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climatología adversa,
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tráfico real,
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y escenarios de riesgo.
Sin esa evidencia, Vox considera que imponer la compra obligatoria es injustificado y podría incluso comprometer la seguridad si el dispositivo no cumple las expectativas.
Defensa de los triángulos de emergencia
Junto a la suspensión de la V16, Vox pide que se permita seguir utilizando los triángulos de emergencia como alternativa válida para señalizar averías o accidentes.
Millán sostiene que su uso sigue siendo efectivo, conocido por todos los conductores y respaldado por décadas de experiencia. Para la formación, eliminar esta opción sin una justificación clara carece de sentido y genera un sobrecoste innecesario.
“Un gasto adicional para millones de familias”
La portavoz subraya además el impacto económico que tendrá la medida:
“Supone un gasto adicional para millones de familias”.
Una crítica que enlaza con el contexto actual, en el que el aumento del coste de la vida coloca a muchos conductores en una situación de vulnerabilidad. Obligar a adquirir un dispositivo nuevo, que ronda los 40-60 euros para los modelos conectados, es visto por el partido como un golpe más al bolsillo de los ciudadanos.
Una postura que alimenta el debate público
Las palabras de Vox llegan en un momento en el que la baliza V16 está rodeada de dudas, críticas en redes y debates sobre su visibilidad real en carretera. La propuesta de la formación no detendrá por sí sola la obligatoriedad, pero coloca presión política sobre una medida que ya estaba generando controversia.
Por ahora, el Gobierno sigue adelante con su plan y la DGT mantiene el calendario. Pero la discusión parlamentaria, impulsada ahora por Vox, promete reavivar un debate que afecta directamente a todos los conductores del país.