Otro lío con la V16: el Congreso vendió balizas que ya no cumplen la norma actual de la DGT
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La historia de la baliza V16 sigue dejando escenas difíciles de explicar al conductor común. La última tiene un protagonista especialmente incómodo: el propio Congreso de los Diputados. Según datos facilitados por la Cámara Baja y publicados por Libre Mercado, su tienda oficial adquirió 150 balizas V16 en julio de 2021 y llegó a vender 112 unidades antes de dejar de comercializarlas en junio de 2024. El problema no está en que aquellas balizas fueran ilegales entonces. La propia Cámara subraya que estaban homologadas conforme a la normativa vigente en ese momento. El problema es otro: con el cambio normativo que entró plenamente en vigor el 1 de enero de 2026, esas balizas ya no sirven como dispositivo legal de preseñalización en carretera si no son conectadas y compatibles con DGT 3.0.
Qué vendió exactamente el Congreso
La información difundida apunta a una operación muy concreta. La tienda del Congreso compró en julio de 2021 un total de 150 balizas V16 por 2.849,55 euros IVA incluido, con un coste unitario de 19 euros y un precio de venta al público fijado en 20 euros. Entre julio de 2021 y junio de 2024 se vendieron 112 unidades, y a partir de esa fecha ya no hubo más ventas. Según la respuesta oficial citada, el número de homologación de esas balizas era LCOE 2019101013G1, y la Cámara insiste en que “en ningún momento se mantuvieron a la venta balizas que no estuvieran homologadas conforme a la legislación vigente”.
Ese matiz es crucial. No estamos hablando de una venta irregular en origen, sino de un producto que fue legal cuando se compró y cuando se puso a disposición del público. El conflicto aparece después, cuando la norma cambia y convierte en insuficiente lo que antes sí servía.
La clave del problema: la normativa cambió y el mercado dejó a mucha gente atrás
La DGT lleva tiempo repitiendo el mismo mensaje: desde el 1 de enero de 2026, la normativa española únicamente reconoce la baliza V16 conectada como medio legal para señalizar un vehículo inmovilizado. Eso significa que la antigua V16 no conectada, aunque estuviera homologada durante años, ha quedado fuera de juego para el uso obligatorio actual. La propia DGT explica que el objetivo de este cambio es mejorar la seguridad vial y evitar que el conductor tenga que bajarse del coche para colocar triángulos, reduciendo el riesgo de atropello.
En la práctica, el nuevo marco exige que la baliza tenga conectividad integrada y pueda comunicar la posición del vehículo a la plataforma DGT 3.0. Esa es la línea roja que separa hoy una baliza útil de una que ya no cumple la función legal exigida.
El Congreso no vendió balizas “ilegales”, pero sí balizas que hoy ya no valen
Ese es el punto que mejor resume el caso y también el que más fácilmente puede confundirse. La tienda del Congreso no mantuvo a la venta, según su propia explicación, un producto que incumpliera la ley de su momento. Pero los conductores que compraron allí una de esas balizas se encuentran hoy exactamente en la misma situación que tantos otros españoles: tienen en el coche un dispositivo que fue presentado como válido, que durante años lo fue, y que ahora ya no sirve para cumplir la obligación vigente.
Y eso reabre un malestar que lleva meses creciendo. Porque el problema no afecta solo a un grupo pequeño de compradores despistados, sino a miles de usuarios que adquirieron balizas en un contexto de normativa cambiante y mensajes no siempre claros.
El gran ruido de fondo: la V16 sigue siendo un problema político y reputacional
El caso del Congreso no estalla en el vacío. Llega cuando la baliza V16 ya se ha convertido en uno de los asuntos más incómodos de la DGT en este arranque de 2026. La propia Dirección General de Tráfico reconoció hace apenas unos días que la implantación del sistema “se podía haber hecho mejor”, admitiendo fallos en la forma en que se comunicó el cambio a la ciudadanía. Al mismo tiempo, Pere Navarro defendió que la baliza conectada sigue siendo mejor que el viejo triángulo y llegó a decir que “todo son ventajas”.
Esa mezcla de autocrítica parcial y defensa cerrada del sistema es lo que hace que casos como este tengan tanto recorrido. Porque cada vez que aparece una historia nueva sobre balizas que ya no valen, multas o compras frustradas, vuelve la misma sensación: la transición se ejecutó con menos limpieza de la que exigía una obligación tan masiva.
Una compra aparentemente menor que simboliza un problema mucho mayor
En términos económicos, la operación de la tienda del Congreso no mueve cifras gigantescas. Pero su valor simbólico sí es enorme. Que una institución como la Cámara Baja haya comercializado un dispositivo que hoy ha quedado fuera del sistema legal actual es el tipo de imagen que resume muy bien el desconcierto que ha rodeado a la V16.
Porque la historia no va solo de 112 unidades vendidas. Va de algo más profundo: de cómo una medida obligatoria, pensada en teoría para mejorar la seguridad, ha terminado generando también frustración, reposiciones forzadas y una sensación bastante extendida de haber comprado algo “válido” que ha envejecido demasiado rápido por decisión normativa.
Lo que queda para el conductor: volver a comprar
Esa es la parte más amarga del asunto. Quien compró una de estas balizas —ya fuera en la tienda del Congreso o en cualquier otro comercio— no se encuentra hoy con un producto defectuoso, sino con un producto superado por la nueva exigencia legal. Y el desenlace práctico es el mismo en casi todos los casos: volver a pasar por caja para comprar una V16 conectada que sí figure dentro del marco exigido por la DGT. La recomendación oficial es clara: solo debe usarse una baliza conectada reconocida por la normativa actual y por el listado vigente asociado a DGT 3.0.
Ahí está precisamente la raíz del enfado de muchos conductores. No discuten tanto la idea de mejorar la seguridad, sino la sensación de que las reglas cambiaron por el camino y de que el coste de adaptarse ha recaído, otra vez, sobre quien hizo la compra confiando en que estaba haciendo lo correcto.
La V16 sigue dejando una misma conclusión
El caso del Congreso no demuestra que la Cámara actuara fuera de la ley cuando vendió aquellas balizas. Lo que demuestra es algo quizá más incómodo: que el ecosistema creado alrededor de la V16 ha sido tan cambiante que incluso una tienda institucional ha acabado convertida, sin quererlo, en símbolo del desorden.
Y eso deja una conclusión difícil de esquivar. La baliza conectada puede ser hoy el único dispositivo legal y puede tener lógica desde el punto de vista de la seguridad. Pero el modo en que se ha gestionado esta transición sigue dejando demasiados damnificados, demasiadas compras frustradas y demasiadas historias que, en lugar de transmitir confianza, siguen sonando a improvisación.