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Facua da otro varapalo a la DGT por las balizas V16 y ahora pide a la gente que "reclamen el dinero"

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La polémica en torno a las balizas V16 suma un nuevo capítulo. FACUA-Consumidores en Acción ha cargado duramente contra la Dirección General de Tráfico (DGT) por lo que considera una pasividad injustificable ante la venta de dispositivos que se anuncian como “homologados por la DGT”, pero que no serán válidos a partir de enero de 2026 al carecer de conectividad con Tráfico.

El problema: balizas “homologadas” que no servirán en 2026

La normativa es clara: desde el 1 de enero de 2026, el único sistema de preseñalización obligatorio será la baliza V16 conectada, capaz de enviar la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0 mediante una tarjeta SIM integrada. Sin embargo, FACUA denuncia que siguen vendiéndose balizas sin conectividad que incorporan en su etiquetado y publicidad el sello “homologada por la DGT”, sin aclarar que dejarán de ser legales en pocos meses.

Según la asociación, esta práctica induce a error a miles de consumidores, que adquieren estos dispositivos creyendo que cumplirán la normativa futura, cuando en realidad no evitarán una sanción.

FACUA insta a reclamar el dinero

Ante esta situación, FACUA anima a los consumidores a reclamar la devolución del importe de cualquier baliza adquirida durante este año si fue anunciada como “homologada” sin explicar de forma clara que no está conectada a la DGT y que no será válida desde enero de 2026.

Además, la asociación recuerda que los afectados pueden denunciar estas prácticas ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, solicitando la apertura de expedientes sancionadores tanto contra fabricantes como contra establecimientos vendedores.

Posible engaño al consumidor

FACUA sostiene que ocultar esta información esencial constituye un acto de engaño, tal y como recoge el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, que considera ilícita cualquier conducta que, aun siendo formalmente veraz, induza o pueda inducir a error y altere el comportamiento económico del consumidor.

Asimismo, la asociación denuncia que se están vulnerando los artículos 20 y 60 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que obligan a informar de forma clara, veraz y suficiente sobre las características esenciales del producto.

Incumplimiento del Real Decreto de transición

FACUA también señala que esta situación contradice el Real Decreto 1030/2022, que reguló el periodo transitorio entre las balizas tradicionales y las V16 conectadas. Esta norma permitía la venta de balizas no conectadas solo bajo el principio de máxima transparencia, información clara y protección del consumidor, algo que, según la asociación, no se está cumpliendo.

En la práctica, denuncia FACUA, fabricantes y comercios están agotando el stock de balizas no conectadas aprovechando la confusión, pese a saber que solo han sido un complemento voluntario al triángulo y que dejarán de tener validez legal en enero.

Duras críticas a la DGT

La asociación califica de “irresponsabilidad” la actitud de la DGT, a la que acusa de anteponer los intereses comerciales de fabricantes y distribuidores a los derechos de los consumidores. FACUA lamenta especialmente que Tráfico no haya realizado una comunicación masiva dirigida a todos los conductores explicando, de forma clara, qué modelos serán válidos y cuáles no cuando entre en vigor la nueva normativa.

Para FACUA, esta falta de información oficial está generando perjuicios económicos evitables y una confusión que podría haberse resuelto con una campaña informativa clara y directa.

Un problema que va más allá del producto

La controversia de las balizas V16 no es solo una cuestión técnica. Se ha convertido en un problema de información y confianza, en el que miles de conductores pueden acabar pagando dos veces por un mismo dispositivo o enfrentándose a sanciones por creer que cumplen la normativa.

Con enero de 2026 cada vez más cerca, FACUA reclama transparencia, claridad y responsabilidad tanto a la DGT como a fabricantes y vendedores. Porque, en este caso, el problema no es la tecnología, sino cómo se está comunicando al consumidor.