Más "caso baliza": los laboratorios que "certifican" la baliza V16 están vinculados al Gobierno catalán
La polémica en torno a la baliza V16 obligatoria sigue creciendo y suma ahora un nuevo frente que apunta directamente a la estructura de homologación elegida por la Dirección General de Tráfico (DGT). Según la información disponible en registros mercantiles y documentación oficial, los dos únicos laboratorios utilizados para certificar los más de 200 modelos de balizas V16 están vinculados, directa o indirectamente, al Gobierno catalán, actualmente presidido por el socialista Salvador Illa.
Dos laboratorios clave… con intereses públicos catalanes
Cualquier fabricante que quiera vender una baliza V16 homologada en España debe pasar obligatoriamente por uno de estos dos organismos técnicos:
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Idiada Automotive Technology SA
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Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia (LCOE)
Ambos son perfectamente legales y están acreditados, pero el debate surge al analizar su estructura societaria y sus vínculos institucionales.
En el caso de Idiada, se trata de una empresa con sede en Tarragona participada en un 20% por la Generalitat de Cataluña, a través de la empresa pública Avançsa, mientras que el 80% pertenece a Applus Servicios Tecnológicos. La Generalitat, por tanto, ingresa directamente beneficios derivados de la actividad de Idiada, incluidos los procesos de certificación.
No se trata de una cifra menor. La operación de concesión firmada en 2024 supuso:
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428 millones de euros pagados por Applus
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Un canon anual de 4 millones
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El 20% de los dividendos
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Un 2% del EBITDA anual
Según la propia Generalitat, el acuerdo generará más de 800 millones de euros durante los 25 años de contrato, lo que convierte a Idiada en una auténtica “infraestructura de país”, en palabras del Ejecutivo catalán.
El segundo certificador tampoco es ajeno
El Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia (LCOE) pertenece a la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (FFII), una entidad privada ligada a la Universidad Politécnica de Madrid. Hasta aquí, nada fuera de lo normal.
Sin embargo, esta fundación es socia de la Generalitat de Cataluña en otra empresa del sector, CEIS (Centro de Ensayos, Innovación y Servicios SL). En esta sociedad:
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Generalitat: 5%
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FFII: 5%
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UNE: 85%
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Tecnalia: 5%
De nuevo, aparece un interés económico compartido entre la administración catalana y una entidad que certifica dispositivos obligatorios para millones de conductores españoles.
Homologaciones exprés y mercado cautivo
Ambos laboratorios certifican balizas V16 desde diciembre de 2022, apenas dos días después de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara el Real Decreto 1030/2022, que abrió la puerta a la comercialización obligatoria del dispositivo.
Desde entonces, se ha creado un mercado cautivo de más de 34 millones de vehículos, en el que ningún producto puede venderse sin pasar por estos dos certificadores. El código de homologación impreso en cada baliza (LCOE o IDIADA) es hoy imprescindible para evitar sanciones.
Legalidad sí, pero ¿conflicto de intereses?
No hay indicios de ilegalidad directa en el procedimiento. Sin embargo, la concentración de las homologaciones en dos entidades con vínculos económicos con una administración autonómica concreta plantea dudas legítimas:
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¿Por qué no existen más laboratorios habilitados?
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¿Es razonable que una administración con participación empresarial se beneficie económicamente de una obligación impuesta por decreto a todos los conductores?
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¿Se han extremado los controles de independencia y neutralidad?
En un contexto ya marcado por polémicas sobre empresas fantasma, mapas “pirata” de balizas activas y confusión normativa, este nuevo elemento no contribuye precisamente a generar confianza entre los ciudadanos.
Una sombra más sobre la baliza V16
La baliza V16 nació con el objetivo de mejorar la seguridad vial, pero su implantación está dejando un rastro de opacidad, improvisación y conexiones político-administrativas que siguen alimentando el malestar social.
La pregunta ya no es solo si la baliza salva vidas, sino si todo el proceso se ha hecho con la transparencia y neutralidad que exige una medida obligatoria que afecta a millones de personas.