Dos exguardias civiles se hacen de oro gracias a la DGT y a la "imposición" de la baliza V-16
El 1 de enero de 2026 será una fecha histórica (y no precisamente por seguridad vial): los triángulos de emergencia quedarán prohibidos y pasará a ser obligatorio llevar la famosa baliza V-16 conectada. Una medida que la DGT defiende como un gran avance para evitar atropellos… pero que ha terminado generando una auténtica mina de oro para unos pocos.
Detrás del discurso de la seguridad hay un negocio multimillonario que mueve más de 1.500 millones de euros, según cálculos del propio sector. Y todo gracias a un pequeño dispositivo que cuesta unos 50 euros por vehículo, con conexión obligatoria a la red DGT 3.0 durante al menos 12 años.
Los reyes del nuevo “chollo” vial
La empresa que más ha ganado con este cambio normativo es Netun Solutions S.L., una compañía gallega fundada por dos ex guardias civiles, Jorge Costas y Jorge Torre, que registraron la patente de la luz de emergencia Help Flash hace más de una década.
Lo que nació como una idea sencilla —una luz magnética para colocar en el techo del coche sin tener que bajar— se convirtió, con la ayuda de la DGT, en el producto obligatorio para 30 millones de vehículos.
En 2018, Tráfico permitió su uso de forma voluntaria. Un año después, en 2019, anunció que sería obligatorio, y ahí empezó el boom: Help Flash pasó de facturar un millón de euros a multiplicar esa cifra por varios enteros.
El verdadero golpe de suerte llegó en 2022, cuando Netun se convirtió en la primera empresa en homologar oficialmente una baliza V-16 conectada, justo antes de que la DGT hiciera obligatoria la conectividad con su sistema central. Desde entonces, sus dispositivos se venden como churros, y la compañía ha sido incluso contratada para equipar vehículos estatales.
Las telecos también ganan
El otro gran beneficiado del negocio son las telecomunicaciones. Las balizas deben estar conectadas a la plataforma DGT 3.0 durante 12 años, lo que implica que cada dispositivo lleva asociada una tarifa de conectividad que pagan los fabricantes… y, en última instancia, el consumidor.
Vodafone fue la primera en entrar en el juego. La operadora británica firmó un acuerdo con Netun Solutions para lanzar la Help Flash IoT, la primera baliza conectada del mercado. Más tarde se sumaron Telefónica y MásOrange, que también comercializan sus propias versiones conectadas.
Además, Vodafone lidera la UTE que se adjudicó el contrato para desarrollar la plataforma DGT 3.0, junto a Pons Mobility, Kapsch TrafficCom e Inspide, cerrando así un círculo perfecto: red, hardware y servicio.
España, el único país que prohíbe los triángulos
Curiosamente, España es el único país de Europa donde las luces V-16 conectadas serán obligatorias y los triángulos estarán prohibidos. La DGT defiende la medida con argumentos de seguridad —asegura que “bajar del coche para colocar los triángulos aumenta el riesgo de atropello”—, pero los críticos ven una imposición que beneficia a un puñado de empresas privadas.
Cada baliza cuesta entre 45 y 55 euros, y aunque solo hay que tener una por vehículo, en España circulan más de 30 millones de coches y furgonetas. El cálculo es sencillo: un negocio que supera los 1.500 millones de euros y que concentra sus beneficios en un pequeño grupo de fabricantes, laboratorios de homologación y compañías tecnológicas.
Los perdedores: los conductores
Los conductores, por su parte, se quejan del alto precio del dispositivo frente a los triángulos tradicionales (que costaban unos 10-12 euros) y de la confusión generada por los cambios de normativa.
Miles de personas compraron hace años luces V-16 “no conectadas” que ahora no sirven para nada, convertidas en simples “pisapapeles” tras la actualización legal.
Mientras tanto, los fabricantes y las telecos se preparan para la gran campaña del 2026, en la que millones de conductores españoles tendrán que pasar por caja.